Diagnóstico: Es pacíficamente aceptado, que uno de los principales factores de competitividad de las naciones es la idoneidad de sus sistemas jurídicos para dar respuestas adecuadas y oportunas. Dado que Colombia en ese aspecto es un desastre, el Gobierno Nacional no puede dejar pasar la oportunidad de la reforma a la justicia, sin resolver este tema.
En esa dirección se precisa que, para cada una de las relaciones de los empresarios exista, primero, una adecuada previsión y, segundo, que las previsiones se ocupen exhaustiva y coordinadamente de los 4 niveles necesarios.
Las relaciones: Dejando a un lado los temas laborales y fiscales, de los que no se casi nada, las relaciones de los empresarios para las que se precisa una reforma a la justicia son, las que tienen con otros empresarios, las que establecen con sus consumidores y las inevitables con el estado.
Relaciones entre empresarios: La reforma debe revisar (i) las relaciones internas, esto es las de los consocios; (ii) las horizontales, es decir con otros competidores; (iii) las verticales, con los proveedores y distribuidores; y (iv) la sentida necesidad de una ley de pequeños comercios.
Relaciones con consumidores: Aparte de afinar y unificar el estatuto del consumidor, sigue haciendo falta un acápite para resolver la responsabilidad final entre el fabricante y el proveedor, simplificar la legislación sobre habeas data, perfeccionar los esquemas para detectar usuarios fraudulentos y para cobro de cartera.
Relaciones con el Estado: Todas las disposiciones que interfieran con el Quién participa en un mercado, Qué se hace en ese mercado y Cómo se lo hace, que no tengan una clara justificación para proteger un derecho de terceros, deben derogarse. Y, todas las instituciones reguladoras o supervisoras que no pasen el mismo racero, desaparecer.
Una vez logremos quedarnos solo con los reguladores que si se precisan y sólo los supervisores que el país requiere, respecto de ellos la reforma deberá:
En lo que hace a los reguladores, principalmente incorporar el trabajo de racionalidad de la regulación que viene liderando el Departamento Nacional de Planeación para llevarnos a estándares OECD y como complemento, insistir en la creación de la sala económica en el Consejo de Estado y simplificar el procedimiento para demandar acciones contra decisiones de los reguladores.
Relativo a los supervisores, los empresarios demandan certeza. Saber qué piensa el supervisor para poder planear, costear y adecuar su accionar a la ley.
En esa dirección, se debe retomar el proyecto de ley sobre régimen único de las superintendencias, fortalecer el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de estas entidades, flexibilizar la posibilidad de la conciliación de sanciones para que sea viable, aislar a los superintendentes de acciones de repetición y ataques de la procuraduría que los asusten, viabilizar que los procedimientos sean preventivos y no sancionatorios cerrándolos con debido cumplimiento, ayudar a todas las entidades con esquemas de delación.
Los niveles: Respecto de cada una de esas relaciones, es preciso que los empresarios cuenten con legislación, procedimientos, funcionario competente e institucionalidad, adecuadas.
Legislación: Debe tratarse de la menor intromisión posible en la actividad empresarial, para asegurar que, de una parte, se respeten los derechos de otros empresarios y, de otra, se cumpla con los parámetros que el estado social de derecho exige de quienes sacan provecho de la actividad económica. No menos, pero definitivamente no más.
Desde el punto de vista formal, necesitamos que la ley sea clara, esté compilada y sea asequible.
Procedimientos: Los procedimientos para cumplir las normas, lo mismo que para forzar a que sean observadas por quienes no lo hacen voluntariamente, precisan ser claros y generar los menores costos de transacción posible.
Funcionario competente: Requerimos que no existan leyes sin doliente, que cada previsión que exista cuente con un funcionario competente para hacerla cumplir. Pero, también, que no exista más de uno, a fin de evitar duplicidades y “pimponeos”, así como dobles sanciones y reportes.
Para los cargos absolutamente críticos para los empresarios, se precisa asegurar su idoneidad, honestidad y aislamiento de la influencia política.
Institucionalidad: Un número altísimo de entidades, dependencias y funcionarios que enredan la vida de los empresarios, sin que la protección de un derecho de otros lo justifique, sobran y deben eliminarse. Pero, los que si son necesarios, deben contar con las herramientas jurídicas, el personal y la infraestructura necesarias para hacer su trabajo bien y rápido.
Contamos en las carteras de Industria, Comercio y Turismo, así como de Justicia, con los mejores ministros posibles para lograr ese cometido. ¡Confiemos!
