Dentro de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio para la protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores previstas en la ley 1480 de 2011 se establece que \u201cpodr\u00e1 ordenar las medidas necesarias para evitar que se cause da\u00f1o o perjuicio a los consumidores por la violaci\u00f3n de normas sobre protecci\u00f3n al consumidor.\u201d<\/p>\n
La posibilidad es poderosa y riesgosa. Poderosa en la medida en que habilita a la Superintendencia para que sea creativa en establecer los correctivos que efectivamente protejan los intereses de los consumidores y, riesgosa, en tanto que si no se utiliza correctamente podr\u00eda dar lugar a abusos.<\/p>\n
Ordenar el cierre de los establecimientos de comercio es una de esas posibilidades. Dicha alternativa fue recientemente usada por la SIC, en nuestro criterio, de manera correcta. Veamos.<\/p>\n
En 2014 la SIC orden\u00f3 la apertura de una investigaci\u00f3n administrativa contra siete empresas propietarias de varios establecimientos de comercio dedicados a la venta de muebles y accesorios para el hogar, dicha investigaci\u00f3n termin\u00f3 con la imposici\u00f3n de multas que ascendieron a los $10.000 millones por vulnerar los derechos de los consumidores pues presuntamente: (i) vend\u00edan productos de mala calidad; (ii) proporcionaban informaci\u00f3n sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley y (iii) enga\u00f1aban a sus potenciales clientes ofreci\u00e9ndoles productos a un menor precio del que verdaderamente terminaban pagando.<\/p>\n
Posterior a esta sanci\u00f3n, la misma entidad, encontr\u00f3 que los referidos establecimientos de comercio hab\u00edan cambiado de propietarios, situaci\u00f3n que afect\u00f3 a los clientes al no tener claro frente a cu\u00e1l de las empresas pod\u00edan acudir para hacer efectivas las garant\u00edas de sus productos, \u00bfdeb\u00edan reclamar a los antiguos propietarios o a los nuevos? En el marco de esa investigaci\u00f3n, la SIC verific\u00f3 que las investigadas enga\u00f1aban a los consumidores a trav\u00e9s de sus piezas publicitarias, raz\u00f3n por la cual, nuevamente procedi\u00f3 a sancionarlas y les orden\u00f3 cesar la difusi\u00f3n de ciertas piezas publicitarias.<\/p>\n
No obstante lo anterior, las referidas empresas siguieron burlando la ley y los derechos de los consumidores y, en consecuencia, la Superintendencia inici\u00f3 una vez m\u00e1s su labor investigativa al tener conocimiento de la existencia de por lo menos 50 demandas interpuestas por consumidores. Las referidas acciones fueron presentadas por los compradores como consecuencia de la desatenci\u00f3n de las empresas frente a las reclamaciones por efectividad de la garant\u00eda.<\/p>\n
En ese sentido, la SIC verific\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas investigadas y sancionadas, no les hab\u00edan dado cumplimiento a sus \u00f3rdenes. Especialmente, frente al mandato de no difundir publicidad considerada enga\u00f1osa.<\/p>\n
En lo que tiene que ver con esta serie de hechos que se enmarcan desde 2014, la Superintendencia, mediante Resoluci\u00f3n 47048 de 2018, orden\u00f3 el cierre por el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas de los establecimientos de comercio de propiedad de las empresas investigadas, como medida preventiva para evitar que se contin\u00fae vulnerando los derechos de los consumidores.<\/p>\n
Esta medida, al parecer, fue oportuna y adecuada, pues se decret\u00f3 en un momento \u00e1lgido y determinante para los consumidores quienes hab\u00edan sido objeto de abusos por parte de estas empresas, desde muchos a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n
Finalmente, y frente a este caso espec\u00edfico, no se puede considerar que la medida fue exagerada pues la autoridad obr\u00f3 conforme a derecho, con base en las facultades que le fueron asignadas, y atendiendo a la gravedad y a la continuidad de la falta. Sin embargo, no se debe perder de vista que se trata de una medida bastante invasiva que debe ser utilizada con preocupaci\u00f3n.<\/p>\n