La Superintendencia de Industria y Comercio al resolver una solicitud presentada por Disney Enterprises INC, en un caso de medidas cautelares en competencia desleal, le orden\u00f3 a un grupo de empresarios que devolvieran a los consumidores el dinero que hab\u00edan pagado para asistir a una presentaci\u00f3n.<\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que la obra que se presentar\u00eda hab\u00eda sido publicitada explotando la reputaci\u00f3n de obras cinematogr\u00e1ficas en las que Disney demostr\u00f3 ser su titular.<\/p>\n
De acuerdo con la referida autoridad la decisi\u00f3n era procedente en raz\u00f3n a que en la ley de competencia desleal se adopt\u00f3 un modelo social en el que extendi\u00f3 su protecci\u00f3n a los consumidores.<\/p>\n
En esa oportunidad, la Superintendencia aclar\u00f3 que, a pesar de ser una controversia entre partes, pod\u00eda tener un efecto nocivo en el libre desarrollo del mercado, alcanzando incluso, al p\u00fablico en general. La Entidad concluy\u00f3 que en esos eventos el juzgador debe proteger tanto el inter\u00e9s particular como el de los consumidores y el del orden econ\u00f3mico.<\/p>\n
Aunque concuerdo con lo ben\u00e9fico del resultado de la cautela adoptada, difiero de las motivaciones.<\/p>\n
Concuerdo con lo inteligente de la medida, pues de esta forma se evit\u00f3 de la manera m\u00e1s adecuada el inminente perjuicio del acto que parec\u00eda desleal, que es precisamente el objetivo de las cautelas.<\/p>\n
Pero no concuerdo con las motivaciones. Es cierto que la ley 256 de 1996 de competencia desleal se expidi\u00f3 para \u201c\u2026 garantizar la libre y leal competencia econ\u00f3mica, (\u2026) en beneficio de todos los que participan en el mercado \u2026\u201d. Pero no es menos claro que en el art\u00edculo 21 de esa norma, cuando se previ\u00f3 quienes tendr\u00edan legitimaci\u00f3n se estableci\u00f3 que, en los eventos de acciones jurisdiccionales, los afectados, los gremios, las asociaciones de consumidores y el Procurador General de la Naci\u00f3n estar\u00edan habilitados para demandar y se cualificaron las circunstancias en que cada uno de ellos podr\u00eda actuar.<\/p>\n
As\u00ed, el empresario particular cuando \u201c\u2026sus intereses econ\u00f3micos resulten afectados o amenazados\u201d; los gremios \u201ccuando resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros\u201d; las asociaciones de consumidores en caso que \u201cel acto de competencia desleal afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores\u201d y el Procurador si la deslealtad \u201cafecta gravemente el inter\u00e9s p\u00fablico a la conservaci\u00f3n de un orden econ\u00f3mico de la libre competencia.\u201d<\/p>\n
Por lo tanto, no es admisible que en un proceso jurisdiccional en que ninguno de esos posibles demandantes se haya hecho parte y sin que el mismo haya superado la carga de probar que se dan las condiciones que la ley exige para su legitimaci\u00f3n, el juez tome esa vocer\u00eda y resuelva extender la protecci\u00f3n de esos intereses.<\/p>\n
Ahora, lo que s\u00ed podr\u00eda ser es que, si el juez o el funcionario jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio evidencia que existen motivos para que, adem\u00e1s de ventilarse las diferencias entre partes que se le han puesto de presente, existan afectaciones a la libre competencia, a la competencia desleal o a los consumidores o el orden econ\u00f3mico en general, ponga esa circunstancia de presente a las \u00e1reas administrativas correspondientes de la misma Entidad para que si lo consideran, en uso de las funciones de polic\u00eda administrativa se hagan las investigaciones y se tomen las medidas que procedan en beneficio de los consumidores y el orden econ\u00f3mico.<\/p>\n