Es necesario que exista un listado de conductas restrictivas de la competencia, por las siguientes razones:<\/p>\n
(i) En el r\u00e9gimen de antimonopolios existe una prohibici\u00f3n general, suficientemente amplia en el art. 1 de la ley 155\/59, que exige que se demuestren los supuestos que la integran (Ver Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exp. 121-2014 del 12 de diciembre de 2014. M.P. Ana Mar\u00eda Rodr\u00edguez \u00c1lava).<\/p>\n
(ii) La Corte Constitucional, concluy\u00f3 que eliminar los actos, acuerdos y abusos de posici\u00f3n de dominio y dejar solo la prohibici\u00f3n gen\u00e9rica, ser\u00eda inconstitucional. As\u00ed, la prohibici\u00f3n general puede existir solo en la medida que hace parte de un r\u00e9gimen legal definido por el legislador, y no es inconstitucional, porque \u201cdebe ser le\u00edda, interpretada y aplicada, en relaci\u00f3n con el subsistema normativo al que pertenece\u201d, y \u201cla interpretaci\u00f3n de las expresiones eventualmente indeterminadas, debe ser hecha en conexi\u00f3n al sistema o subsistema al que pertenezcan\u201d.<\/p>\n
As\u00ed, es v\u00e1lido solo en la medida que la interpretaci\u00f3n del art. 1 de la ley 155\/59 se integra con las reglas establecidas en el dec 2153\/92 sobre actos, acuerdos y abusos.<\/p>\n
(iii) El art. 1 de la ley 155 no estaba previsto para aconductar empresas. Los estudios realizados con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del decreto 2153 (Ver . Marco legal para la promoci\u00f3n de la competencia. En: Serie planeaci\u00f3n y desarrollo \u2013 DNP 1999), concluyen que el r\u00e9gimen existente a 1992 tuvo una aplicaci\u00f3n casi nula por \u201cla forma general como se formul\u00f3 la norma\u201d, y que \u201csi bien la ley tiene objetivos que hoy son v\u00e1lidos, \u00e9sta ha sido totalmente inoperante, lo que explica la necesidad de reglamentar en forma detallada los principios que ella consagr\u00f3\u201d, para concluir que una construcci\u00f3n jurisprudencial que defina las conductas no es posible, por cuanto \u201cel espacio para la interpretaci\u00f3n y la jurisprudencia es limitado, en su mayor\u00eda a casos de conflicto de leyes o vac\u00edos legales cuando no exista una ley aplicable\u201d.<\/p>\n
(iv) En la aplicaci\u00f3n de las normas de antimonopolios, no es posible implantar el sistema norteamericano, en donde el juez es quien determina la ilegalidad o inconveniencia de una conducta y accede a las fuentes materiales del derecho. En Colombia impera el derecho continental, por lo que el funcionario administrativo o judicial que aplica las normas no tiene tales facultades, ello ser\u00eda inconstitucional y estar\u00eda usurpando las funciones del Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n
En adici\u00f3n, ante la ausencia de una norma que indique los criterios aplicables para la interpretaci\u00f3n de las normas, el operador jur\u00eddico no puede construirlos, en tanto el C\u00f3digo Civil contiene las reglas generales de interpretaci\u00f3n que se deben tener en cuenta.<\/p>\n
(v) La funci\u00f3n principal de la autoridad de competencia es velar por el cumplimiento de la ley, que se logra mediante la predictibilidad de sus decisiones y la garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica. Ello, implica tener certeza respecto del conocimiento de las normas aplicables a un caso concreto y \u201calg\u00fan grado de seguridad en cuanto a la interpretaci\u00f3n uniforme que jueces y tribunales dar\u00e1n a dichas normas\u201d (Ver Fernando Arr\u00e1zola. El concepto de seguridad jur\u00eddica, elementos y amenazas ante la crisis de la ley como fuente del derecho.<\/p>\n
As\u00ed, el establecimiento de reglas precisas se constituye en un elemento garantista y acorde con nuestro r\u00e9gimen legal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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