En la Constituci\u00f3n se prev\u00e9 un modelo de econom\u00eda social de mercado, en el cual existen la libertad de empresa y la libre competencia econ\u00f3mica bajo la intervenci\u00f3n del Estado. Dentro de las variables que el Estado puede intervenir est\u00e1n los precios. En la ley se han definido los esquemas de intervenci\u00f3n de precios: control directo (precio m\u00e1ximo o m\u00ednimo), libertad regulada (metodolog\u00eda para la determinaci\u00f3n del precio), y libertad vigilada (informaci\u00f3n de la formaci\u00f3n del precio para la vigilancia y posterior intervenci\u00f3n cuando haya fallas de mercado).<\/p>\n
En la resoluci\u00f3n 888 de 2006, proferida por el Ministerio, se establec\u00edan valores m\u00ednimos que las empresas de transporte de carga deb\u00edan reconocer a los propietarios de los veh\u00edculos de carga, de acuerdo con una relaci\u00f3n de 18 or\u00edgenes y 21 destinos. Esa regulaci\u00f3n se llam\u00f3 com\u00fanmente \u201ctabla de fletes\u201d.<\/p>\n
Posteriormente, el Conpes recomend\u00f3 migrar a un esquema de regulaci\u00f3n de precios basada en el principio de intervenir solo los casos que presenten fallas de mercado, con base en indicadores de costos eficientes que pudieran ser monitoreados por la entidad regulatoria del sector, para facilitar la identificaci\u00f3n de los casos con fallos que deb\u00edan ser intervenidos. Esa recomendaci\u00f3n fue materializada mediante el decreto 2092 de 2011, modificado con el decreto 2228 de 2013.<\/p>\n
En estos decretos se estableci\u00f3 que las relaciones econ\u00f3micas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte p\u00fablico, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de veh\u00edculos, ser\u00e1n establecidas por las partes, sin que en ning\u00fan caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operaci\u00f3n. Se dijo adem\u00e1s, que el sistema de informaci\u00f3n SICE-TAC -que administra el Ministerio de Transporte- ser\u00e1 el par\u00e1metro de referencia. Este sistema se nutre con la misma informaci\u00f3n que las empresas de transporte le entregan al Ministerio.<\/p>\n
Como puede verse, se estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de libertad vigilada, donde los actores pactan sus precios, con una limitaci\u00f3n de respecto de los Costos Eficientes de Operaci\u00f3n, que dichos precios deben ser informados a la autoridad regulatoria para monitorearlos y vigilarlos, y as\u00ed poder intervenir los casos concretos en los que se hallen fallas del mercado.<\/p>\n
No obstante, la aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n ha tenido posiciones complejas por parte del mismo Ministerio y de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Mediante la resoluci\u00f3n 757 de 2015, el entendimiento que hizo el Ministerio de la reglamentaci\u00f3n es que ning\u00fan actor puede pagar por debajo de los Costos Eficientes de Operaci\u00f3n publicados en el SICE-TAC, sin importar si el precio pagado est\u00e1 por debajo de esos costos, pero por encima de los costos de operaci\u00f3n del caso en concreto.<\/p>\n
Esta posici\u00f3n era compartida por la Superintendencia, que en la circular externa 32 de 2015, le dijo a los actores del sector de transporte de carga que constitu\u00eda una infracci\u00f3n regulatoria el hecho de realizar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operaci\u00f3n publicados en SICE-TAC.<\/p>\n
Sin embargo, en el memorando conjunto 4611 de 2015, ambas autoridades le recordaron a los generadores, transportadores y propietarios que no pod\u00edan pagar precios por debajo de los costos eficientes publicados en SICE-TAC, pero pudiendo pactar eficiencias adicionales en los factores t\u00e9cnicos, log\u00edsticos y operativos. Esta parece ser una interpretaci\u00f3n en la misma l\u00ednea de la anterior, pero reconociendo la posibilidad de que las partes pacten los valores de sus relaciones teniendo en cuenta eficiencias adicionales propias de cada caso, lo cual corresponde m\u00e1s al r\u00e9gimen de libertad vigilada.<\/p>\n
Pues bien, en un reciente pronunciamiento (resoluci\u00f3n 1014 de 2018) la Superintendencia, a la hora de resolver un recurso contra una sanci\u00f3n por pagar valores por debajo de los publicados por el Ministerio, determin\u00f3 que s\u00ed era necesario considerar las eficiencias adicionales que pudiesen haber pactado, teniendo en cuenta los factores que afectan a cada empresa. Esta parece ser una luz al final del t\u00fanel que acerca m\u00e1s a las autoridades a considerar que el r\u00e9gimen de transporte de carga es un r\u00e9gimen de libertad vigilada y no de precios m\u00ednimos, tal y como lo pretende la regulaci\u00f3n.<\/p>\n