No puedo dejar pasar la oportunidad de comentar la serie de aperturas de investigaci\u00f3n que se dieron a finales del a\u00f1o pasado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionadas con un art\u00edculo del c\u00f3digo de comercio que hab\u00eda pasado casi desapercibido para los comerciantes del pa\u00eds, relacionado con la pr\u00e1ctica, al parecer bastante generalizada, de solicitar por parte de los acreedores la factura original para poder tramitar el pago por la adquisici\u00f3n de un bien o la prestaci\u00f3n de un servicio.<\/p>\n
El asunto es que con estas investigaciones se estren\u00f3 la adici\u00f3n que las leyes 1231 de 2008 y 1676 de 2013 hicieron al art\u00edculo 778 del c\u00f3digo de comercio, seg\u00fan el cual \u201ctoda retenci\u00f3n de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulaci\u00f3n de la misma, constituye una pr\u00e1ctica restrictiva de la competencia\u201c, es decir, que se elev\u00f3 a la categor\u00eda de los c\u00e1rteles de los que tanto hemos o\u00eddo, una conducta que no parecer\u00eda tener la misma naturaleza de estos comportamientos que afectan la libre competencia, pero que sin embargo, el legislador decidi\u00f3 considerar como una conducta que afectaba la competencia.<\/p>\n
Es interesante la posici\u00f3n que adopte a entidad de vigilancia y control al momento de decidir estas investigaciones, ya que estas conductas que muchos empresarios han adoptado pueden tener razones de distinta \u00edndole, varias de ellas respaldadas en normas tributarias o simplemente para protegerse de estar participando, sin saber, en operaciones de lavado de activos. En efecto, la norma protege el derecho que tienen los proveedores que presentan una factura cambiaria ante sus clientes para el cobro de los bienes vendidos a las empresas o los servicios prestados, de obtener liquidez anticipada por el reconocimiento de un descuento, por parte de un tercero por virtud de una operaci\u00f3n de factoring (compra de cartera) o de la simple venta del cr\u00e9dito. Esto implica para la empresa deudora que ahora es un tercero a quien no conoce quien, al vencimiento de la factura, puede hacer exigible su pago al proveedor.<\/p>\n
El mecanismo no tendr\u00eda nada de particular, de no ser por vicisitudes en las que se pueden ver envueltos nuestros empresarios quienes no pocas veces se enfrentan ante la obligaci\u00f3n de pagar a terceros que eventualmente podr\u00edan estar relacionados con actividades delictivas o simplemente pagar dos veces la misma factura cuando el proveedor no informa a tiempo que ha vendido su cr\u00e9dito a un tercero, quien al mismo tiempo ejerce su derecho ante el deudor empresario.<\/p>\n
Adicionalmente, la norma impone a los administradores y a los revisores fiscales el deber de dejar constancia el primero y pronunciarse en su dictamen anual de los estados financieros el segundo, respecto a que la empresa no restringe la competencia a partir de la retenci\u00f3n de facturas de tal manera que se impida la libre circulaci\u00f3n de estas. Esto implica la verificaci\u00f3n por parte de estos funcionarios, hasta donde sus responsabilidades lo permiten, de que no se de la pr\u00e1ctica de la retenci\u00f3n, pero que adem\u00e1s, esta no restrinja la libre circulaci\u00f3n de dichos t\u00edtulos valores.<\/p>\n
Habr\u00e1 que esperar varios meses para conocer la decisi\u00f3n final y la visi\u00f3n de la autoridad cuando sopese los distintos intereses en juego y las diferentes normatividades que convergen frente a las obligaciones de los empresarios.<\/p>\n