Mediante la sentencia C 583 de 2015 la Corte Constitucional declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 24 de la Ley 1480 de 2011 que se refiere a la informaci\u00f3n m\u00ednima que deben recibir los consumidores en el momento de celebrar relaciones de consumo. No obstante, el numeral 1.4 de la norma se\u00f1alada que dispone que dentro de la informaci\u00f3n que deben suministrar los productores est\u00e1 la relacionada con \u201cLas especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones t\u00e9cnicas particulares, estas deber\u00e1n contenerse en la informaci\u00f3n m\u00ednima\u201d, fue declarado exequible por el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os, plazo para que el Congreso de la Rep\u00fablica \u201cdetermine los porcentajes de organismos modificados que considere deben ser regulados, el contenido concreto de las etiquetas o rotulados, los tiempos de implementaci\u00f3n de esa informaci\u00f3n m\u00ednima y dem\u00e1s asuntos que sean relevantes y exigibles a productores y proveedores en estas materias, para asegurar la protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores\u201d. Vencido este t\u00e9rmino sin que se expida la legislaci\u00f3n correspondiente, la norma deviene inexequible.<\/p>\n
En dicha sentencia, la Corte se refiere a la informaci\u00f3n m\u00ednima que requieren los consumidores de los productos que circulan en el mercado, indicando que debe ser: (i) aquella que reporta un inter\u00e9s para el consumidor; (ii) la que se califica como esencial, entendiendo que se relaciona con la utilizaci\u00f3n y calidad de los bienes y servicios; (iii) la que consagra un par\u00e1metro constitucional y (iv) la que realmente minimiza el desequilibrio existente entre consumidores y empresarios, en tanto le permite a los primeros \u201cconocer sobre los elementos b\u00e1sicos de un producto, solucionar su presunta ignorancia frente al mismo y discernir prima facie sobre su elecci\u00f3n o no de consumo\u201d. Con base en estos par\u00e1metros, concluye que existe una omisi\u00f3n legislativa relativa en el art\u00edculo 24 de la Ley 1480 de 2011 en tanto que la norma citada no hace se\u00f1alamiento alguno respecto de los alimentos derivados de organismos gen\u00e9ticamente modificados (en adelante OGM) y la informaci\u00f3n necesaria para que los consumidores conozcan tal condici\u00f3n, teniendo en cuenta que, por mandato constitucional el legislador debi\u00f3 contemplar en la ley tales circunstancias.<\/p>\n
Se debe tener en cuenta que el art\u00edculo 2 del Estatuto del Consumidor, prev\u00e9 que \u201clas normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley\u201d. Ello indica que en diversos sectores de la econom\u00eda (como los servicios p\u00fablicos domiciliarios, servicios de comunicaciones, servicios financieros, alimentos, entre otros) existen normas especiales que resultan aplicables al sector respecto del cual se prediquen, teniendo en cuenta que la Ley 1480 de 2011 tiene aplicaci\u00f3n suplementaria respecto de lo no previsto en el r\u00e9gimen especial.<\/p>\n
Dicho alcance ha sido reconocido por la SIC al se\u00f1alar que \u201cla ley 1480 de 2011 tiene car\u00e1cter supletivo, por lo cual, se pueden presentar las siguientes situaciones: para los sectores de la econom\u00eda que no tengan una normativa especial sobre el r\u00e9gimen de consumidores se aplicar\u00e1 la ley 1480 de 2011. Para los sectores de la econom\u00eda que cuenten con una regulaci\u00f3n especial del derecho del consumo, se aplicar\u00e1 dicha regulaci\u00f3n y de manera subsidiaria la Ley 1480 de 2011. (\u2026) .<\/p>\n
Ahora bien, en particular respecto al punto de la informaci\u00f3n sobre los OGM es necesario precisar las obligaciones particulares existentes en punto a la informaci\u00f3n que se debe suministrar a los consumidores:<\/p>\n
El art\u00edculo 271 de la Ley 9 de 1979 establece que \u201cLos alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al p\u00fablico, llevar\u00e1n un r\u00f3tulo en el cual se anotar\u00e1n las leyendas que determine el Ministerio de Salud: (a) Nombre del producto; (b) Nombre y direcci\u00f3n del fabricante; (c) Contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI; (d) Registro del Ministerio de Salud; y (e) Ingredientes\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 35 del decreto 4525 de 2005 se\u00f1ala que \u201cla autoridad competente podr\u00e1 establecer disposiciones en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n que deber\u00e1 suministrar a los usuarios y consumidores, en las<\/p>\n
etiquetas y empaques de los Organismos Vivos Modificados -OVM- autorizados, de conformidad con el art\u00edculo 18 de la Ley 740 de 2002 \u201d. (Subraya fuera del texto)<\/p>\n
La Resoluci\u00f3n 5109 de 2005 del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, por la cual se adopta el Reglamento T\u00e9cnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano, prev\u00e9 que \u201cEl Ministerio de la Protecci\u00f3n Social reglamentar\u00e1 los requisitos sobre el rotulado de los alimentos y materias primas de alimentos modificados gen\u00e9ticamente para consumo humano y los requisitos de rotulado y declaraci\u00f3n del contenido de nutrientes que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano\u201d.<\/p>\n
Finalmente, el Reglamento T\u00e9cnico No. 4254 de 2011 proferido por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, prev\u00e9 las disposiciones relacionadas con el rotulado y etiquetado de alimentos derivados de organismos gen\u00e9ticamente modificados para consumo humano y la identificaci\u00f3n de materias primas para consumo humano que los contengan, encargando de ejercer las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control respecto de su cumplimiento al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, y las Direcciones Territoriales de Salud.<\/p>\n
No obstante, y a pesar de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 2 del Estatuto del Consumidor, la Corte concluy\u00f3 que es el legislador el competente para regular la informaci\u00f3n m\u00ednima que debe suministrarse al consumidor respecto de los OGM, ello sin desconocer la existencia y pertenencia de las disposiciones particulares, en especial la Resoluci\u00f3n 4254 del 2011 del Ministerio de Protecci\u00f3n Social, la cual tendr\u00e1 aplicaci\u00f3n hasta tanto el legislador no expida la norma que llene el vac\u00edo detectado en el art\u00edculo 24 de la ley 1480 de 2011.<\/p>\n
Con base en lo anterior, tenemos que la informaci\u00f3n m\u00ednima para los consumidores, tal y como fue delimitada por la Corte Constitucional, debe ser definida mediante ley, no correspondiendo dicha labor a las autoridades administrativas en ejercicio de sus facultades de reglamentaci\u00f3n e instrucci\u00f3n.<\/p>\n
Ser\u00e1 entonces labor del Congreso de la Rep\u00fablica determinar mediante ley, la informaci\u00f3n m\u00ednima respecto de los OGM, para lo cual consideramos de la mayor importancia realizar un trabajo conjunto con las autoridades competentes en la materia para lograr una protecci\u00f3n efectiva del derecho a la informaci\u00f3n de los consumidores colombianos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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