En diferentes normas procesales existe la posibilidad de que el juez pueda imponer sanciones a las partes cuando ocurren determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando no asisten a la audiencia inicial, o cuando entorpecen la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial. Sin embargo, existe una en particular que resulta bastante curiosa debido a todos los inconvenientes que puede generar su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
En el numeral 10 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011 se prev\u00e9 que, en el marco de una acci\u00f3n jurisdiccional de protecci\u00f3n al consumidor \u201c\u2026(s)i la decisi\u00f3n final es favorable al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio y los Jueces podr\u00e1n imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, adem\u00e1s de la condena que corresponda, una multa de hasta ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legajes mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se fijar\u00e1 teniendo en cuenta circunstancias de agravaci\u00f3n debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteraci\u00f3n en el incumplimiento de garant\u00edas o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las dem\u00e1s circunstancias. No proceder\u00e1 esta multa si el proceso termina por conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n, desistimiento o cuando el demandado se allana a los hechos en la contestaci\u00f3n de la demanda. La misma multa podr\u00e1 imponerse al consumidor que act\u00fae en forma temeraria\u201d.<\/p>\n
Como puede verse, ac\u00e1 el juez de consumidor puede, a la parte vencida, imponerle una sanci\u00f3n si se cumplen determinadas circunstancias. No obstante, la aplicaci\u00f3n procesal de esta norma puede resultar bastante compleja, hasta el punto de afectar los m\u00e1s fundamentales derechos de los sancionados.<\/p>\n
El juez que impone alguna multa de acuerdo con lo previsto en la norma citada lo hace en la sentencia. Cuando la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor es de mayor o menor cuant\u00eda, la parte vencida tiene el recurso de apelaci\u00f3n que la ley le garantiza para discutir tanto la condena como la sanci\u00f3n. Esto tiene sentido, la multa fue impuesta en una sentencia y es una decisi\u00f3n de un juez que se deber\u00eda poder contender ya que fue tomada con base en los hechos que han resultado probados dentro del proceso.<\/p>\n
Ahora, \u00bfqu\u00e9 ocurre si un juez municipal o la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de \u00fanica instancia por m\u00ednima cuant\u00eda, decide imponer una sanci\u00f3n de 40 o m\u00e1s salarios m\u00ednimos a la parte vencida porque encuentra probadas las circunstancias de agravaci\u00f3n -en el caso del productor o proveedor- o la temeridad -en el caso del consumidor-?<\/p>\n
En ese caso, la parte que fue objeto de la multa va a querer que la sanci\u00f3n de una cuant\u00eda menor que le fue impuesta en una sentencia judicial sea discutida en segunda instancia, como ocurre en todos los procesos judiciales de menor cuant\u00eda. Sin embargo, es posible que, cuando interponga su apelaci\u00f3n, el juez le diga que esta no procede porque el proceso es de \u00fanica instancia.<\/p>\n
En nuestra opini\u00f3n, esta una interpretaci\u00f3n de las normas procesales bastante restrictiva del debido proceso. Creemos que de acuerdo con el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n es deber del juez aplicar la Norma Superior de manera preferente. As\u00ed, podr\u00eda el juez municipal o la Delegatura de la SIC, en \u00fanica instancia, garantizar el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n permitiendo que la sentencia que incluye una sanci\u00f3n de una suma considerable sea apelada y revisada por el superior.<\/p>\n